El
llamado Juego Público, aquél que impulsado desde operadores públicos persigue
fines sociales, constituye un elemento de primer orden para encauzar el impulso
lúdico del ciudadano hacia metas sociales.
En
Juego Público en la UE se facturó 60.000 millones de euros de los que el 67%
(41.000 millones de euros) lo acumulan entre cuatro Estados: Italia, Francia,
España y Reino Unido
En
el caso de nuestro Juegos del Estado, han sido los más eficientes de la UE:
facturando 9.600 millones de euros antes de premios, con una aportación al
Tesoro de cerca de 3.000 millones de euros y manteniendo 12.000 empleos
directos y 8000 indirectos. Utilizando sólo juegos de respuesta diferida.
Es
tarea de los Agentes Sociales, de los Responsables políticos y en particular de
las Organizaciones Sindicales, defender los VALORES DEL JUEGO PÚBLICO, como
factor esencial de equilibrio, como elemento moderador y responsable dentro de
esta potente Industria.
Y
defendemos por lo tanto nuestro Modelo de explotación de Juegos del Estado, basado
en Red comercial especializada, y control directo del Estado por ser el más
eficiente.
1-
En cuanto a Ingresos al Tesoro como Renta Pública, máximo retorno
2.
En cuanto a la salud pública: ya que hasta ahora, ha ofrecido solo juegos de
respuesta diferida, los más coherentes con la salud pública de nuestros
ciudadanos, los únicos que minimizan el riesgo de generar ludopatía.
3-
En cuanto a que, siendo el Modelo más rentable para el Estado es también el primer Modelo generador de empleo
específico para juegos de la UE.
Y
es el caso, que en España, dentro del entorno de la Unión Europea, es el Estado
donde mejor se han defendido hasta ahora, esos Valores de finalidad social del
Juego Público. De forma que en nuestro Mercado representa el Juego Público el
42% (el 49% después de premios), de la producción total, frente al 20% de
promedio en el resto de los Estados- Miembro. (Reino Unido, p.ej. no llega al 8
%). De igual forma, somos nº 1 en gasto/habitante y año, dentro de la Unión.
Capital
Humano.
Como
Subsector de la Industria del Juego, los Juegos del Estado, se han basado
durante dos siglos y medios en el “capital humano”
.En
España, generan más de 12.000 empleos especializados. Especialización que es
condición sine qua non, para incorporar “valor añadido” a los productos de
juego. Valor añadido que una máquina no aporta. Por el contrario los modelos
basados en Redes mixtas, no especializadas, que se basan en la acumulación de
puntos de venta, no generan empleo específico para juegos ya que la facturación
media de estas Redes tanto en España como Francia, Italia, Reino Unido o
Portugal, ronda los 250.000E/año (en Italia mucho menos), a la que aplicando la
comisión del 5,5% bruto, nos da unos ingresos anuales por punto de venta de
13.700€ lo que difícilmente alcanza para pagar un empleo específico y obtener
algún beneficio.
Es
por esto, por ser números uno en eficiencia productividad, beneficios para el
Tesoro y generación de empleo, que nos parece absurdo que se haya preferido
regular, por parte del anterior Gobierno, el Juego virtual no presencial, en la
Ley 13/2011, cuando representa entre un 3 y un 4% del Mercado y se haya dejado
de lado el promulgar una Ley del Juego Público
o al menos sobre los Juegos del Estado que representan un 35% del
Mercado antes de premios o un 40% después de premios.
Es
razonable que no se haya procedido a legislar sobre el Juego Privado Presencial
(58% del Mercado), porque es competencia transferida a las Comunidades
Autónomas, pero no lo es que se haya omitido para LAE y ONCE que son los dos
únicos Operadores de ámbito estatal o supra-autonómico y competencia plena del
Gobierno de la Nación.
Se
prefirió legislar por la puerta de atrás, de forma que pasara lo más
desapercibido posible.
En el caso de los Juegos del Estado, mediante
distintas piezas legales, como la Disposición
adicional 34 a la Ley 26/2009 (de Presupuestos para 2010)
O
la disposición adicional 40 a la Ley 39/2010 (de presupuestos para 2011).
Con
estas dos “piezas”, se ha puesto en cuestión el mejor modelo de explotación de
Juegos del Estado de Europa, sin ningún tipo de justificación sólida.
Y
con una “disposición derogatoria” en la Ley 13/2011, se finiquita la base
legal, de ese modelo.
En
consecuencia, por la trascendencia social y económica de estos Juegos Públicos
de ámbito estatal, solicitamos una serena reflexión por parte del actual
Gobierno y en consecuencia una NORMATIVA ESPECÍFICA para el Juego Público. Con
formato de Ley para que pueda reordenar lo que la Ley 13/2011 desordenó a pesar
de no ser su objeto definido.
Los
Juegos del Estado deben seguir siendo del Estado, con titularidad y finalidad
Públicas. Deben seguir considerándose
Renta Pública y patrimonio de todos los españoles.
La
privatización total o parcial de los mismos no favorece en ningún caso al
conjunto de la ciudadanía.
La
gestión de estos Juegos, desvinculada del control directo del Estado, pierde
eficiencia, como se demuestra por
comparación de resultados, con los casos de Francia, Reino Unido o Italia.
Tras
la Ley 13/2011 se pierde la finalidad de los Juegos del Estado, que dejan de
considerarse Renta Pública. ¿Cuál es su finalidad hoy?
¿Qué
finalidad le va a otorgar el actual Gobierno del Partido Popular?
En
un momento socioeconómico, como la actual crisis, en el que desde el Gobierno
de la Nación, habrá que pedir -ya se les está pidiendo-, sacrificios a los
ciudadanos, los responsables políticos deben asumir el control de lo público
pero desde la óptica de una refundación ética que reduzca los gastos
innecesarios en la gestión, comenzando por las cúpulas y maximice beneficios
para la ciudadanía.
Recuperar
la ejemplaridad del liderazgo.
Hoy
no tiene sentido, por ejemplo, que para la gestión de los Juegos del Estado, se
mantengan dos estructuras societarias SELAE y STL duplicando organismos para la
misma función.
Tampoco tiene sentido una sola estructura societaria,
si esta sale más costosa que la gestión directa desde el propio Ministerio de
Hacienda, a través de una simple Dirección General.
Los
Juegos del Estado deben mantener su ejemplaridad en cuanto a la gestión pero
también en cuanto a la Salud Pública,
ofertando sólo juegos de respuesta diferida.
Deben
mantener su Modelo basado en Red Comercial especializada, porque es la que
garantiza más calidad en la oferta, más productividad por punto de venta, más
economía de gestión, por lo tanto mayor rentabilidad para el Estado y al mismo
tiempo es el único modelo que genera y mantiene empleo específico para Juegos
del Estado.
Lo
que pedimos es de sentido común.
No
dejen que se destruya una de las pocas industrias en la que somos número uno,
en la Unión Europea.
Que
no se pierda esta Renta Pública, que no se pierda este empleo.
