miércoles, 24 de agosto de 2016

Fortalecer la democracia y las libertades debilitadas por el Gobierno

UGT considera fundamental adoptar medidas para fortalecer la democracia y hacerla más igualitaria, después de cuatro años de regresión en la calidad de vida y las libertades.  Por ello es necesario derogar la Ley Mordaza, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la de tasas judiciales o la modificar la Ley de Extranjería -que permite el rechazo de inmigrantes en frontera-. El sindicato apuesta además por suprimir el art. 315.3 del Código Penal -que criminaliza facultades esenciales para ejercer el derecho de huelga- y por promover una reforma para incluir en la Constitución mecanismos extraordinarios de consulta ciudadana cuando se trate de aspectos de decisión pública de especial relevancia.
Aprovechando su mayoría absoluta parlamentaria durante la pasada legislatura, el Gobierno del Partido Popular utilizó la crisis y su devastador impacto sobre los ciudadanos para imponer una serie de cambios legales de calado que pretenden imponer a la sociedad su particular ideario, neoliberal, con un desprecio absoluto por el diálogo social y las instituciones de control del Gobierno, a las que ha degradado en sus funciones de manera visible 
En conjunto, la pasada legislatura ha supuesto una verdadera regresión en la calidad de la democracia y de las libertades. Por eso es necesario adoptar las actuaciones precisas para construir un sistema económico más eficiente y sostenible, pero también una sociedad más democrática e igualitaria.

Por eso es preciso:
- Derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (Ley Mordaza).
- Derogar el art. 315.3 del Código Penal, que criminaliza facultades esenciales para ejercer el derecho de huelga.
- Exonerar a todos los trabajadores y trabajadoras procesados y/o condenados por participar en una huelga, eliminando los expedientes que se les han abierto y tomar todas las medidas legales necesarias, indultos incluidos, para cerrar todos los procedimientos.
- Promover una reforma constitucional para incluir mecanismos extraordinarios de consulta ciudadana cuando se trate de aspectos de decisión pública de especial relevancia, así como la fijación de instrumentos de control democrático ante los excesos de una actuación abusiva de los gobiernos.
- Derogar la Ley 41/2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- Adoptar un plan integral para una justicia moderna eficaz y de calidad.
- Derogar la Ley de tasas judiciales 10/2012.
- Derogar la modificación de la Ley de Extranjería que permite el rechazo de inmigrantes en frontera, vulnerando convenios y tratados internacionales.
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Los trabajadores dejaron de percibir 12.500 millones de euros por las horas extra no pagadas

​La Secretaria Ejecutiva Confederal, Isabel Araque, considera que la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2012 ha facilitado la explotación laboral y la realización de horas extras no pagadas. Así, de 2010 a 2015 el número de horas extra pagadas se han reducido un 13,8% y las horas extra no pagadas han crecido en un 33,5% (797 millones de horas extra no pagadas en este periodo). Esta última circunstancia ha hurtado a los trabajadores y trabajadoras de unos salarios que legítimamente deberían haber percibido que sumarían más de 12.500 millones de euros en ese período, lo que también ha mermado las arcas de la Seguridad Social en unos 3.500 millones de euros en forma de cotizaciones no pagadas.
Araque achaca este aumento de las horas extra no pagadas a tres circunstancias:
- la presión que ejerce el elevado desempleo sobre los trabajadores y trabajadoras, que hace que se vean obligados a aceptar condiciones laborales cada vez más desfavorables por el miedo a no salir de la situación de desempleo o a caer en ella.
- los sucesivos cambios en la normativa laboral que han ido dando más poder de decisión a los empresarios, y sobre todo la reforma laboral del gobierno del Partido Popular de 2012, que desequilibró la correlación de fuerzas en la negociación colectiva de manera drástica.
- Y el auge del contrato a tiempo parcial durante la crisis, que con la regulación dada por la reforma laboral de 2012, permitía la realización de horas extraordinarias, con lo que muchas veces un contrato de jornada parcial encubría jornadas casi idénticas a las de un contrato a jornada completa. En diciembre de 2013 se produjo un cambio normativo por el cual se prohibieron las horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, pasando a regularse las denominadas “horas complementarias”, que son pactadas de antemano en el contrato. Esto ha podido desincentivar la utilización del tiempo parcial de una manera tan abusiva como hasta 2013.
Araque desmiente además que las horas extra sean sinónimo a flexibilidad laboral, “tienen que ver con el abuso empresarial y la explotación laboral” porque “ninguna norma exime a los empresarios de retribuir el exceso de jornada que realizan los trabajadores. Todas las horas trabajadas deben pagarse”- ha dicho.
Además, durante etapas de crisis y de “elevado desempleo”, como la que vivimos desde 2008, la inseguridad que perciben los trabajadores aumenta, y por eso hay empresas que se aprovechan de ello para exigir condiciones laborales que entran de lleno en la ilegalidad. Araque considera que muchos de los trabajadores no denuncian estas situaciones abusivas ante el miedo a perder su puesto de trabajo.

martes, 23 de agosto de 2016

Un Plan Estratégico para la Industria que consolide un crecimiento económico sólido y estable

La crisis ha puesto en evidencia el papel del sector industrial. En España, la debilidad del tejido productivo ha impedido a la industria afrontar la crisis en condiciones adecuadas, produciendo efectos devastadores en el desarrollo de las empresas y del empleo. UGT considera imprescindible un Plan Estratégico para la Industria, con el compromiso conjunto de los sectores público y privado, que se sitúe como eje principal del cambio de modelo productivo y fije así un patrón de crecimiento sólido y estable. Un plan basado en mayor inversión en tecnología e innovación, en una política energética más eficiente o en una política industrial más sólida, entre otras cuestiones. 

Desde antes de la crisis, UGT ha defendido la necesidad de un cambio de modelo productivo que permitiera un patrón de crecimiento más sólido y estable. Necesitamos un proyecto definido, con vocación de permanencia en el tiempo, pero con facilidades de adaptación, que permita cambiar las débiles bases productivas y adecuar las infraestructuras físicas y técnicas.

El fortalecimiento del sector industrial requiere un verdadero Plan Estratégico para la Industria, que tiene que contemplar actuaciones horizontales en materias de política industrial, pero también políticas que garanticen el correcto desenvolvimiento de las industrias, que incluye actuaciones administrativas, en materia de infraestructuras, política energética, suministros y servicios a empresas industriales, formación profesional, fiscalidad, financiación y empleo. En definitiva, una política integral dirigida a modificar nuestro modelo de crecimiento, que debe contar con el compromiso conjunto de los sectores público y privado.

Para UGT, este plan tiene que tener como contenidos una política industrial a largo plazo, con planes y objetivos adecuados a cada momento; una consideración integral de los sistemas productivos y de servicios, que permita el diseño de un modelo de crecimiento con una base industrial sólida; una política incentivadora de la inversión, con apoyo a la innovación, la investigación y desarrollo, que debe conjugarse con una política de formación y cualificación, invirtiendo en la capacitación profesional de los trabajadores; y una política energética más eficiente, con un mix energético que facilite mayor independencia y mayor seguridad en el suministro.

Además, hay que recuperar la inversión pública en infraestructuras; incrementar del tamaño de las empresas y la internacionalización, a través de las exportaciones; favorecer la financiación de proyectos de futuro; alcanzar el objetivo de al menos un 3% del PIB de la UE en Investigación y Desarrollo (I+D); y movilizar el potencial de las zonas rurales como motor de desarrollo e innovación para alcanzar la cohesión social, territorial y económica en Europa, entre otros elementos.

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Revertir los recortes en la Ley de Dependencia y atender a las personas según sus necesidades

La Unión General de Trabajadores recuerda que durante la legislatura anterior, el Gobierno desmanteló la Ley de Dependencia recortando su presupuesto y limitando el acceso a ayudas, prestaciones y servicios a los beneficiarios. El sindicato denuncia que se ha pasado de un sistema de protección garantista a uno asistencialista que no tiene en cuenta las necesidades de los dependientes y sus familias y, en muchos casos, les abandona a su suerte.
A lo largo de estos últimos años hemos asistido a un proceso de recortes en la Ley de Dependencia. Se ha pasado de un sistema de derechos, que aún se encontraban en proceso de desarrollo y, por tanto, era susceptible de mejora y participación a un sistema asistencialista que no tiene en cuenta los servicios y prestaciones que reciben los beneficiarios. Es necesario garantizar el derecho a ser atendido en situación de dependencia a través de una respuesta integral e integrada de atención y cuidados básicos a las personas en situación de dependencia y a sus familias para.
Para ello es preciso:
- Desarrollar un sistema de acreditación profesional del sector y un sistema de coordinación sociosanitaria, que garantice una atención social y sanitaria sin que suponga un detrimento de derechos universales; asegurando la participación de los interlocutores sociales más representativos en los procesos de concertación y diálogo social.
- Exigir la aplicación de la ley de dependencia, para que se garantice la atención y cuidados de forma integral, de tal forma que se asegure la percepción de las prestaciones universales y públicas como un derecho subjetivo.
- Garantizar una protección eficaz de las situaciones de dependencia a través del incremento en la intensidad de los servicios, el aumento de la cuantía de las prestaciones al menos en un 20%, retornando a las cuantías establecidas antes de su reducción y establecer la compatibilidad entre determinadas prestaciones de tal forma que se alcance una protección íntegra.
- Desarrollar un sistema de acreditación profesional del sector por medio del cual, las administraciones públicas se comprometan a realizar las respectivas convocatorias para la acreditación de la experiencia laboral de aquellos trabajadores y trabajadoras del sector que en la actualidad no tienen reconocida, garantizándose los puestos de trabajo de aquellos trabajadores que se encuentran en proceso de cualificación.
- Desarrollar un sistema de coordinación sociosanitaria, que garantice una atención social y sanitaria sin que suponga un detrimento de los derechos sanitarios universales y gratuitos, que ya viene recibiendo la población; asegurando la participación de los interlocutores sociales en los procesos de concertación y diálogo social.

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Revertir los recortes en la Ley de Dependencia y atender a las personas según sus necesidades

La Unión General de Trabajadores recuerda que durante la legislatura anterior, el Gobierno desmanteló la Ley de Dependencia recortando su presupuesto y limitando el acceso a ayudas, prestaciones y servicios a los beneficiarios. El sindicato denuncia que se ha pasado de un sistema de protección garantista a uno asistencialista que no tiene en cuenta las necesidades de los dependientes y sus familias y, en muchos casos, les abandona a su suerte.
A lo largo de estos últimos años hemos asistido a un proceso de recortes en la Ley de Dependencia. Se ha pasado de un sistema de derechos, que aún se encontraban en proceso de desarrollo y, por tanto, era susceptible de mejora y participación a un sistema asistencialista que no tiene en cuenta los servicios y prestaciones que reciben los beneficiarios. Es necesario garantizar el derecho a ser atendido en situación de dependencia a través de una respuesta integral e integrada de atención y cuidados básicos a las personas en situación de dependencia y a sus familias para.
Para ello es preciso:
- Desarrollar un sistema de acreditación profesional del sector y un sistema de coordinación sociosanitaria, que garantice una atención social y sanitaria sin que suponga un detrimento de derechos universales; asegurando la participación de los interlocutores sociales más representativos en los procesos de concertación y diálogo social.
- Exigir la aplicación de la ley de dependencia, para que se garantice la atención y cuidados de forma integral, de tal forma que se asegure la percepción de las prestaciones universales y públicas como un derecho subjetivo.
- Garantizar una protección eficaz de las situaciones de dependencia a través del incremento en la intensidad de los servicios, el aumento de la cuantía de las prestaciones al menos en un 20%, retornando a las cuantías establecidas antes de su reducción y establecer la compatibilidad entre determinadas prestaciones de tal forma que se alcance una protección íntegra.
- Desarrollar un sistema de acreditación profesional del sector por medio del cual, las administraciones públicas se comprometan a realizar las respectivas convocatorias para la acreditación de la experiencia laboral de aquellos trabajadores y trabajadoras del sector que en la actualidad no tienen reconocida, garantizándose los puestos de trabajo de aquellos trabajadores que se encuentran en proceso de cualificación.
- Desarrollar un sistema de coordinación sociosanitaria, que garantice una atención social y sanitaria sin que suponga un detrimento de los derechos sanitarios universales y gratuitos, que ya viene recibiendo la población; asegurando la participación de los interlocutores sociales en los procesos de concertación y diálogo social.

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lunes, 22 de agosto de 2016

España sólo ha acogido a 197 personas de las 9.323 asignadas

Con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se celebra hoy, UGT denuncia la falta de compromiso y la inacción de la Unión Europea y el Gobierno español para hacer frente a la crisis humanitaria de los refugiados.

El programa de reubicación, (aprobado en septiembre de año 2015 y que expira en septiembre de 2017) conlleva el compromiso de reubicar a 160.000 personas en dos años, pero en 11 meses los estados miembros solo han reubicado a 3.856 personas, un 2,4% del total.

Además en España sólo se han reubicado un 2,1% del total, es decir 197 personas de las 9.323 asignadas a nuestro país. UGT denuncia que a este ritmo la Unión Europea tardaría 38 años en cumplir el compromiso y España más de 42 años.

El sindicato exige a los partidos políticos de ámbito parlamentario que sean corresponsables en la resolución de la emergencia humanitaria que se vive en el seno de la Unión Europea y que asuman los retos señalados por las Naciones Unidas en la Cumbre humanitaria mundial.

Bajo el lema “Una humanidad”, las Naciones Unidas celebran el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y llaman a la solidaridad con los más de 130 millones de personas que precisan en todo el mundo asistencia humanitaria para sobrevivir. Este año, el Día Mundial se centra en el necesario compromiso con las personas afectadas por la crisis y en la garantía de que los trabajadores humanitarios puedan desarrollar de forma segura su tarea.

El pasado mes de mayo se celebró en Estambul la primera Cumbre Humanitaria Mundial convocada por Naciones Unidas en respuesta al “nivel más alto de sufrimiento humano desde la Segunda Guerra Mundial”.

Cinco fueron los retos y responsabilidades que el Secretario General de Naciones Unidas pidió a Gobiernos y sociedad que asumieran: prevenir los conflictos y ponerles fin, respetar las normas de la guerra, no dejar a nadie atrás, trabajar para poner fin a las necesidades e invertir en la humanidad.

La crisis humanitaria en el seno de la Unión Europea es una de las consecuencias de no asumir esas responsabilidades, ni como Gobierno nacional, ni como parte de la Unión. El programa de reubicación de solicitantes de protección internacional, es uno de los elementos más visibles de la inacción y la falta de compromiso.

Según datos de la Organización Internacional de Migraciones, de 10 de agosto, han sido reubicadas en los Estados miembros 3.856 personas, 2.895 desde Grecia y 961 desde Italia.

El programa de reubicación, aprobado en septiembre de año 2015, conlleva el compromiso de reubicar a 160.000 personas en dos años. En 11 meses, los Estados miembros solo han acogido al 2´4% de un compromiso que expirará en septiembre de 2017.

En el caso del Gobierno español, y según datos del Ministerio del Interior del mes de julio, se han reubicado 197 personas de las 9.323 asignadas a España, el 2,1% del total. A este ritmo la Unión Europea, tardaría 38 años en cumplir el compromiso y España, más de 42 años.

Una de las primeras tareas que la Unión General de Trabajadores exige a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios, es que cumplan el compromiso y sean corresponsables en la resolución de la emergencia humanitaria que se vive en el seno de la Unión Europea. Y que la política española asuma los retos señalados por las Naciones Unidas en la Cumbre humanitaria mundial.